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REGAJU: qué centro arbitral puede llevar casos del Estado

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Sala de audiencia arbitral institucional vacía, con mesa de madera, micrófonos y carpetas de expediente iluminada por luz natural

No: desde el 1 de enero de 2026 una controversia de contratación pública solo puede iniciarse ante una institución arbitral inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU) que administra el OECE. Si el convenio arbitral designó un centro que no está inscrito, las partes deben acordar otro que sí lo esté y, si no lo consiguen, la parte solicitante puede acudir a cualquier institución con inscripción vigente.

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¿A quiénes aplica esta regla?

  • Entidades contratantes de los tres niveles de gobierno: oficinas generales de administración, asesorías jurídicas y áreas de ejecución contractual que gestionan arbitrajes.
  • Comités de selección y funcionarios responsables que revisan o redactan convenios arbitrales en contratos nuevos.
  • Árbitros, secretarios arbitrales y centros de arbitraje que administran o pretenden administrar casos del Estado.
  • Contratistas, sus abogados y procuradores que inician arbitrajes derivados de contratos con el Estado.

La precisión importa porque un arbitraje iniciado ante un centro sin inscripción vigente expone el proceso a cuestionamientos sobre la habilitación de quien lo administra, y obliga a reiniciar la ruta cuando la controversia ya está planteada.

Qué es el REGAJU y por qué cambió la regla

El artículo 77 de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069) exige formar parte del REGAJU para administrar u organizar un arbitraje que resuelva controversias en contrataciones públicas. La Décima Disposición Complementaria Transitoria de la misma ley fijó un proceso progresivo de incorporación que culminó el 31 de diciembre de 2025: desde el día siguiente, las entidades designan árbitros o adjudicadores de las nóminas que tengan a disposición las instituciones y centros inscritos.

El reglamento (D.S. 009-2025-EF) desarrolló la consecuencia práctica en su artículo 334: si la institución arbitral designada en el contrato no tenía inscripción vigente en el REGAJU al momento de surgir la controversia, el arbitraje se inicia ante cualquier institución que sí la tenga. La finalidad del registro no es formal: permite verificar el cumplimiento normativo de quien administra el caso y da seguridad a las partes sobre la conducción del proceso.

La regla de oro: la habilitación del centro no es un término del contrato

La duda más frecuente es si la regla puede aplicarse a contratos suscritos antes de la Ley 32069. La respuesta es sí, y el razonamiento es el siguiente: la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 32069 dispone que los procedimientos de selección convocados antes de su vigencia se rigen por las normas vigentes al momento de la convocatoria, y esa ultractividad alcanza también al contrato que de ellos deriva.

Pero el artículo 77 no regula las obligaciones, condiciones o términos del contrato ni la aptitud legal de las partes: regula un ámbito externo a la relación contractual, la habilitación exigible a las instituciones arbitrales para administrar arbitrajes en materia de contratación pública. Al no modificar términos contractuales, se aplica de manera inmediata, incluso a los arbitrajes que se deriven de contratos celebrados bajo la Ley 30225.

Tres escenarios que resuelve la opinión

1. Arbitraje institucional con un centro no inscrito. Si las partes pactaron un centro que no figura en el REGAJU, cualquier nueva controversia debe iniciarse ante una institución inscrita que las partes designen de mutuo acuerdo; en defecto de acuerdo, la parte solicitante puede recurrir a cualquier institución inscrita. La elección no está limitada a una provincia o región determinada.

2. Servicios en procesos arbitrales ad hoc. Para instalación de árbitro único o tribunal arbitral, recusación de árbitros, designación residual, devolución de honorarios y liquidación o reliquidación de gastos arbitrales, las partes deben acudir a una institución inscrita en la provincia donde se ubica el domicilio de la entidad contratante. Si no existe una en la provincia, se recurre a una de la región; si tampoco hay, a una de las regiones cercanas.

3. Arbitrajes de mayor envergadura. El registro distingue a las instituciones habilitadas para administrar arbitrajes de mayor envergadura: aquellos que versan sobre controversias de contratos con monto original igual o superior a 20,000 UIT. En esos casos corresponde verificar que la institución elegida cuente con la inscripción pertinente para esa categoría.

En la práctica: qué debe hacer la entidad

  1. Revisar los convenios arbitrales vigentes y detectar si el centro pactado figura en el REGAJU con inscripción vigente al momento de la controversia.
  2. Verificar el tipo de inscripción frente al monto del contrato: la habilitación para arbitrajes de mayor envergadura no es automática.
  3. Documentar el acuerdo de designación cuando el centro pactado no esté inscrito: acta o acuerdo entre las partes que identifique la nueva institución y su inscripción.
  4. Distinguir el servicio solicitado: los procesos ad hoc siguen el orden provincia, región y región cercana; el arbitraje institucional, no.
  5. Actualizar los formatos y cláusulas modelo para que los contratos nuevos designen solo instituciones inscritas, y conservar la constancia de la verificación en el expediente.

En palabras del OECE: «a partir del 1 de enero de 2026, cuando la institución arbitral designada en el contrato no tuviera inscripción vigente en el REGAJU al momento de surgir la controversia, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente en el REGAJU» (Conclusión 3.1 de la Opinión N.° D000024-2026-OECE-DTN).

Límites de esta regla

La opinión precisa que el numeral 10 de la Decimoprimera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento no restringe la elección de la institución arbitral a una provincia o región; esa limitación geográfica corresponde a los servicios de los procesos ad hoc. Tampoco habilita a designar cualquier centro: la institución debe estar inscrita y su inscripción debe corresponder a la envergadura del arbitraje. La opinión absuelve consultas sobre el sentido de la normativa y no resuelve casos concretos.

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Documento oficial

Fuente oficial: www.gob.pe/institucion/oece/informes-publicaciones/7856376-opinion-n-d000024-2026-oece-dtn

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo se exige que el centro de arbitraje esté inscrito en el REGAJU?

Desde el 1 de enero de 2026. La Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 32069 fijó el 31 de diciembre de 2025 como límite del proceso progresivo de incorporación al registro.

¿La regla alcanza a contratos firmados con la anterior Ley 30225?

Sí. La habilitación del centro arbitral no es un término del contrato, sino una condición para administrar arbitrajes en contratación pública; por eso se aplica de inmediato, también a los contratos celebrados bajo la Ley 30225.

¿Qué pasa si el centro designado en el convenio arbitral no está inscrito?

Las partes deben designar de mutuo acuerdo una institución inscrita en el REGAJU. Si no hay acuerdo, la parte solicitante puede recurrir a cualquier institución que tenga inscripción vigente.

¿Puede elegirse un centro de otra región?

En arbitraje institucional, sí: la regla no limita la elección a una provincia o región, siempre que la institución esté inscrita conforme a la envergadura del arbitraje. En los servicios de procesos ad hoc sí rige el orden provincia, región y región cercana.

¿Importa el monto del contrato para elegir el centro?

Sí. El registro distingue a las instituciones habilitadas para arbitrajes de mayor envergadura, categoría que comprende controversias de contratos con monto original igual o superior a 20,000 UIT.

Ver más análisis de Contrataciones del Estado. Notas relacionadas: Laudo arbitral y registro en el SEACE y Admisión de ofertas según la OECE.

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