El Decreto Supremo N.° 259-2026-EF, publicado el 19 de noviembre de 2026, transfiere S/ 13 786 054 del presupuesto del Ministerio de Salud a la Municipalidad Distrital de Nepeña para ejecutar la intervención de reconstrucción del Centro de Salud San Jacinto, en la provincia de Santa, Áncash. No son recursos nuevos del Tesoro: el monto se cubre con cargo al presupuesto institucional del sector Salud, que reduce otras actividades y proyectos de inversión. El municipio debe aprobar la desagregación en cinco días calendario y destinar el dinero exclusivamente a esa obra.
Decreto Supremo N.° 259-2026-EF — transferencia para la IRI de San Jacinto
Decreto Supremo completo, con el detalle de la transferencia · 4 páginas · Ministerio de Economía y Finanzas
Fuente oficial: busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2576288-1
¿A quiénes aplica esta norma?
- Municipalidad Distrital de Nepeña (pliego 021806): titular de la ejecución. Le corresponde la resolución de desagregación, las notas de modificación presupuestaria y la rendición del gasto.
- Gerencia de infraestructura, oficina de presupuesto y unidad ejecutora municipal: son las áreas que operan el expediente, el registro en el banco de inversiones y la ejecución contractual de la obra.
- Ministerio de Salud (pliego 011): habilitador de los recursos; su Unidad Ejecutora 125 (Programa Nacional de Inversiones en Salud) concentra las reducciones de mayor monto.
- Ministerio de Economía y Finanzas: refrenda el decreto y, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, habilita las codificaciones que el municipio solicite.
- Población del distrito y de la jurisdicción del centro de salud: beneficiaria directa de la reconstrucción, junto con el personal de salud que atiende en el establecimiento.
- Contratistas, supervisores y consultores de la obra: sus contratos se ejecutan dentro de un presupuesto ya cerrado, sin margen para demandas adicionales al Tesoro.
Qué es una IRI y por qué se usa para este centro de salud
La Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) es la modalidad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) prevista para reconstruir infraestructura pública afectada por emergencias. Se registra con un código único de inversiones (CUI), en este caso el 2516887, y se ejecuta como cualquier proyecto de inversión: con expediente técnico, proceso de selección, supervisión y liquidación.
El detalle importa porque la IRI no es un gasto libre. Al estar vinculada a un CUI, la Municipalidad de Nepeña no puede redirigir el monto a otro fin, ni siquiera a otra obra de salud del distrito. La transferencia llega con destino específico y el decreto lo repite en dos artículos distintos.
La operación se dicta al amparo de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32744, la ley de créditos suplementarios aprobada el 2 de noviembre de 2026 para financiar, entre otras materias, acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Esa disposición autorizó al Ministerio de Salud a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Municipalidad Distrital de Nepeña, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y ordenó que se aprobaran mediante decreto supremo refrendado por Economía y Finanzas y por Salud.
De dónde salen los S/ 13.8 millones
El artículo 1 del decreto incluye el detalle de la fuente. El monto total se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, por la fuente Recursos Ordinarios, y se compone así:
- S/ 6 216 351 de la actividad 5005467, mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria, de la Unidad Ejecutora 001 (Administración Central del MINSA).
- S/ 4 300 000 del proyecto 2286124, mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Huari, Áncash.
- S/ 1 200 000 del proyecto 2427376, mejoramiento y ampliación del Hospital de Apoyo Tomás Lafora, en Guadalupe, provincia de Pacasmayo, La Libertad.
- S/ 600 000 del proyecto 2354781, mejoramiento del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, en Huancavelica.
- S/ 1 300 000 del proyecto 2346338, mejoramiento y ampliación del Centro de Salud Pomacochas, en el distrito de Florida, provincia de Bongará, Amazonas.
- S/ 169 703 del proyecto 2534855, mejoramiento y ampliación del Hospital de Apoyo Celendín, en Cajamarca.
En el lado habilitado figura un solo pliego: la Municipalidad Distrital de Nepeña, con S/ 13 786 054 en gasto de capital, en la categoría presupuestaria 9002 (asignaciones que no resultan en productos) y en el proyecto 2516887. La estructura confirma que se trata de una reasignación interna del sector Salud, no de una ampliación del gasto público total.
Los cinco días para la desagregación
El artículo 2 fija la secuencia administrativa que debe cumplirse para que el dinero pueda ejecutarse. Los titulares del pliego habilitador y del pliego habilitado aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto. La copia de esa resolución se remite, dentro de los cinco días calendario siguientes a su aprobación, a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N.° 1440.
Después, la oficina de presupuesto del pliego solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que exija la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida, e instruye a la unidad ejecutora para que elabore las notas de modificación presupuestaria correspondientes.
En la práctica, el calendario es corto y depende de documentos que deben estar listos: el proyecto de resolución de desagregación, el sustento de la fuente habilitadora y la verificación de las partidas en el sistema de presupuesto. Un municipio que recién inicia el trámite en ese plazo suele terminar con una ejecución retrasada en el primer trimestre.
Qué no se puede hacer con estos recursos
El artículo 3, Limitación al uso de los recursos, cierra la puerta a los usos distintos del previsto. Los recursos de la transferencia se destinan exclusivamente a los fines autorizados, y tanto la disposición de la Ley 32744 como el propio decreto precisan que los montos que financian estas modificaciones no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria.
La regla tiene dos consecuencias prácticas. Primero, si aparece un mayor costo de obra, no existe una vía automática de financiamiento adicional ante el Tesoro: el mayor gasto debe resolverse dentro del presupuesto institucional y del marco de la inversión. Segundo, el uso del saldo para gasto corriente, para otra obra o para cubrir déficits municipales configura una aplicación distinta de la autorizada y expone a los titulares a responsabilidad.
Qué debe hacer el municipio, paso a paso
- Confirmar el registro de la IRI. Verificar que el proyecto 2516887 figure actualizado en el banco de inversiones, con expediente técnico vigente y sin observaciones que detengan la ejecución.
- Emitir la resolución de desagregación dentro del plazo de cinco días calendario y remitir copia en los cinco días siguientes.
- Solicitar las codificaciones a la Dirección General de Presupuesto Público y elaborar las notas de modificación presupuestaria con el área de presupuesto de la municipalidad.
- Coordinar con el sector Salud el alcance de la obra y el cierre de la intervención, para que el establecimiento reconstruido entre en operación con equipamiento y personal asignado.
- Ordenar la ejecución contractual con cronograma, supervisión y control de calidad, dejando trazabilidad de cada valorización contra el CUI financiado.
- Documentar el cierre con la liquidación de la obra y la rendición de los recursos, de modo que la Municipalidad pueda acreditar el destino del monto transferido.
Los riesgos que deben vigilar la Oficina de Presupuesto y la OCI
Las transferencias con destino único suelen concentrar los hallazgos en tres puntos: la oportunidad de la desagregación, la consistencia entre lo programado y lo ejecutado, y la existencia de saldos sin devolución o sin sustento. La propia lógica de la norma facilita el control: hay un CUI, un monto cerrado y un plazo explícito.
A eso se suma un riesgo de gestión. Cuando una obra se financia con reducciones en otros proyectos del sector, el municipio hereda la expectativa de la población y del propio establecimiento de salud: la reconstrucción debe terminar y operar. Un proyecto que avanza sin esa coordinación puede cerrarse formalmente y dejar el servicio sin capacidad resuelta, que es el problema que los informes de control suelen mostrar en obras de infraestructura de salud. El caso se conecta con lo que ya ocurre en otras obras del país, donde el saldo pendiente es la principal traba para terminar.
La regla de oro
La transferencia no crea dinero nuevo: cambia de manos dentro del sector público y obliga a ejecutarlo en una sola intervención. Cinco días calendario para la desagregación, prohibición de usos distintos, prohibición de demandas adicionales al Tesoro y un CUI como único destino válido. Si el municipio cumple esos cuatro puntos, el decreto funciona como financiamiento de reconstrucción; si los incumple, el problema deja de ser presupuestario y pasa a ser de responsabilidad.
Preguntas frecuentes
¿La Municipalidad de Nepeña recibe recursos adicionales del Tesoro Público?
No. El decreto se dicta al amparo de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 32744, que autoriza la modificación presupuestaria sin demandar recursos adicionales al Tesoro. El monto proviene del presupuesto institucional del Ministerio de Salud, que reduce una actividad de mantenimiento y cinco proyectos de inversión.
¿Cuál es el plazo para aprobar la desagregación?
Cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto supremo, que rige desde su publicación el 19 de noviembre de 2026. La copia de la resolución debe remitirse en los cinco días calendario siguientes a su aprobación.
¿Puede el municipio usar el saldo en otra obra o en gasto corriente?
No. El artículo 3 limita los recursos a los fines autorizados y la Ley 32744 dispone que se destinen exclusivamente a la intervención para la que fueron transferidos. El destino está identificado con el código único de inversiones 2516887.
¿Qué ocurre si el costo de la obra aumenta?
El decreto establece que los recursos que financian estas modificaciones presupuestarias no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. Cualquier mayor costo debe atenderse dentro del presupuesto institucional y del marco de la inversión, no con una ampliación automática de la transferencia.
¿Qué es una IRI y en qué se diferencia de un proyecto de inversión común?
La IRI es la intervención de reconstrucción mediante inversiones del sistema Invierte.pe, prevista para reparar infraestructura pública afectada por una emergencia. Se registra como proyecto, con su propio CUI, y se somete a las mismas etapas de ejecución, supervisión y liquidación.
¿El personal de salud del centro forma parte de la intervención?
No. La transferencia financia la reconstrucción de la infraestructura de salud, no la contratación de personal ni el equipamiento por sí solo. La puesta en operación del establecimiento exige coordinación con el sector Salud.
Fuente y documentos relacionados
El decreto supremo y su detalle de transferencia se publicaron en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 2026. La norma se apoya en la Ley 32744 de créditos suplementarios 2026, que financió las acciones frente al Fenómeno El Niño y las obligaciones esenciales del ejercicio.
Para seguir la ruta presupuestaria conviene revisar también el DS 258-2026-EF, que transfirió S/ 88 millones a 41 obras municipales, y el panorama de las obras paralizadas y su saldo pendiente, que explica por qué el cierre de una intervención es tan relevante como su financiamiento.
✉SuscribirteCompartir