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DS 018-2026-JUS-SG: el MINJUSDH entra en reorganización por 120 días para revisar duplicidades y vacíos de competencia

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Edificio institucional público en Lima con bandera del Perú y ciudadanos ingresando por la puerta principal

Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS-SG, publicado el 20 de noviembre de 2026.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) fue declarado en reorganización por ciento veinte (120) días calendario. En ese plazo, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) debe elaborar un diagnóstico de la situación administrativa, organizacional y funcional del ministerio e identificar duplicidades, superposiciones y vacíos de competencia, así como proponer las medidas de reforma. La declaración es temporal y de evaluación: no modifica por sí sola la estructura orgánica ni las competencias de la entidad, y no alcanza la organización interna de los organismos públicos adscritos al sector.

¿Qué pasó?

El Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS-SG, refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, declara en reorganización el MINJUSDH por 120 días calendario contados desde el día siguiente de su publicación. El objeto es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio y proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para optimizar sus procesos, fortalecer sus capacidades institucionales, mejorar el ejercicio de sus funciones de rectoría, conducción y supervisión sobre sus organismos públicos adscritos y consolidar el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de justicia y derechos humanos.

La norma se sustenta en la Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; en la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N.° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y en el Reglamento de Organización y Funciones del ministerio, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2017-JUS. Entre los considerandos, el dispositivo señala que se han identificado oportunidades de mejora en la estructura organizacional, administrativa y funcional del ministerio, así como en los mecanismos de articulación interna y de coordinación interinstitucional.

Qué dispone la norma, punto por punto

  • Plazo: 120 días calendario desde el día siguiente de la publicación. Publicada el 20 de noviembre de 2026, el cómputo corre desde el 21 de noviembre de 2026 y vence el 20 de marzo de 2027.
  • Alcance: comprende únicamente al MINJUSDH como entidad. No se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos al Sector Justicia y Derechos Humanos, que se rigen por sus respectivas normas de creación y de organización.
  • Diagnóstico: lo realiza la OGPPM del ministerio. Evalúa la situación administrativa, organizacional y funcional, la posible existencia de duplicidades, superposiciones o vacíos de competencia, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos, la integridad pública, los mecanismos de articulación interna y de coordinación interinstitucional, y el ejercicio de las funciones de rectoría, conducción y supervisión sobre los organismos adscritos.
  • Informe técnico: el diagnóstico se formaliza en un informe que contiene los resultados y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas. Se presenta al Despacho Ministerial dentro del plazo del artículo 1, con conformidad previa de los Despachos Viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y de la Secretaría General, según corresponda al ámbito de cada recomendación.
  • Implementación: las recomendaciones del informe aprobado se implementan por el ministerio, según corresponda, en el marco de sus competencias y con sujeción a los requisitos, procedimientos e instrumentos de la normativa aplicable. Las medidas que impliquen modificar la estructura orgánica o el Reglamento de Organización y Funciones se tramitan conforme a las normas de la materia.
  • Financiamiento: con cargo a los recursos del presupuesto institucional del MINJUSDH, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
  • Publicación: en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe) y en la sede digital del ministerio, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
  • Asistencia técnica: las unidades de organización, consejos y programas del ministerio, así como los organismos públicos adscritos, deben brindar información, asistencia técnica y respuesta oportuna a los requerimientos de la OGPPM para el diagnóstico.

Qué no cambia: los límites de la declaración

La propia norma acota su alcance, y ese es el punto que conviene retener para evitar lecturas excesivas:

  • No reorganiza a los organismos públicos adscritos al sector: su organización interna sigue rigiéndose por sus normas de creación y de organización.
  • La participación de esos organismos en el diagnóstico —prestando información y asistencia técnica— no implica su inclusión en el proceso de reorganización declarado.
  • La declaración no sustituye los procedimientos para modificar la estructura orgánica o el ROF: esos cambios se tramitan por la vía normativa correspondiente.
  • No habilita gasto adicional: el proceso se financia con el presupuesto institucional del pliego.

En términos prácticos, el decreto supremo abre una ventana de evaluación con un producto definido —el informe técnico con el diagnóstico y las medidas de reforma— y deja para una etapa posterior, y por la vía normativa que corresponda, cualquier cambio estructural que ese informe recomiende.

Por qué importa para la gestión pública

La declaratoria sigue la lógica del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública: se declara un proceso temporal, se encarga un diagnóstico con materias definidas y se exige un producto verificable antes de adoptar reformas. Para las oficinas de planeamiento y modernización de otros ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, el dispositivo es una referencia útil: muestra qué debe contener un diagnóstico de reorganización (competencias, procesos, presupuesto, inversión, integridad y articulación) y cómo se encadenan las conformidades técnicas antes de llegar al Despacho Ministerial.

El decreto también deja constancia de un aspecto procedimental relevante: las disposiciones en materia de organización, reorganización, fusión de entidades o mecanismos de reforma del Estado están excluidas de la obligación de presentar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), conforme al Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1565 aprobado por Decreto Supremo N.° 023-2025-PCM. Esa exclusión no libera al ministerio de sustentar técnicamente sus decisiones: el informe técnico cumple esa función.

Para las entidades del sector que operan servicios articulados con el MINJUSDH, el seguimiento importa porque el diagnóstico evaluará precisamente las funciones de rectoría, conducción y supervisión que el ministerio ejerce sobre ellas. Mientras el proceso no concluya y no se aprueben las medidas por la vía correspondiente, no corresponde asumir cambios en la organización vigente ni en los circuitos de coordinación.

Acciones recomendadas

  • En el MINJUSDH, la OGPPM debe fijar un cronograma interno que asegure el informe técnico dentro de los 120 días calendario, con hitos de avance ante el Despacho Ministerial.
  • Las unidades de organización, consejos y programas deben entregar la información requerida en los plazos que se les señale: la norma les atribuye esa obligación y la extiende a los organismos adscritos.
  • Conviene construir una línea base verificable —organigrama vigente, ROF, cuadro de puestos, presupuesto institucional, cartera de inversiones y sistema de integridad— para sustentar cada medida recomendada.
  • Las recomendaciones que impliquen cambio de estructura o de ROF deben separarse del informe y tramitarse por la norma de la materia, con la opinión técnica que corresponda.
  • En otras entidades, el dispositivo sirve como modelo: la declaración de reorganización debe acompañarse de alcance delimitado, responsable identificado, materias de diagnóstico y producto exigible.

Preguntas frecuentes

¿Qué declara el Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS-SG?

Declara en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días calendario, con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión y proponer las acciones y medidas de reforma correspondientes.

¿Desde cuándo corre el plazo de 120 días y cuándo vence?

Desde el día siguiente de la publicación, ocurrida el 20 de noviembre de 2026. El cómputo corre desde el 21 de noviembre de 2026 y vence el 20 de marzo de 2027.

¿La reorganización alcanza al INPE y a los demás organismos adscritos?

No en su organización interna. La declaratoria comprende únicamente al MINJUSDH como entidad; los organismos públicos adscritos al sector se rigen por sus propias normas de creación y organización. Sí se evalúan las funciones de rectoría, conducción y supervisión que el ministerio ejerce sobre ellos, y deben prestar información y asistencia técnica para el diagnóstico, lo que no implica su inclusión en el proceso.

¿Quién elabora el diagnóstico y qué debe contener?

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio. Debe evaluar la situación administrativa, organizacional y funcional, las duplicidades, superposiciones o vacíos de competencia, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos, la integridad pública y los mecanismos de articulación interna y coordinación interinstitucional, entre otros aspectos.

¿Cómo se aprueban las reformas que proponga el informe?

El informe técnico, con las medidas recomendadas, se presenta al Despacho Ministerial dentro del plazo, con conformidad de los Despachos Viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y de la Secretaría General. Las recomendaciones se implementan según corresponda; cualquier cambio de estructura orgánica o del ROF se tramita conforme a las normas de la materia.

¿La medida demanda recursos adicionales al Tesoro Público?

No. El decreto supremo dispone que se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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