Un contrato mal leído en sus plazos es una controversia anunciada. En esta clase magistral, el Dr. Juan Antonio Chenguayen Rospigliosi explica cómo se cuentan los plazos durante la ejecución de un contrato del Estado y qué norma se aplica cuando el reglamento no lo dice.
¿A quiénes aplica esta clase?
A funcionarios y servidores que conducen contrataciones del Estado: comités de selección, áreas usuarias, oficinas de administración, asesoría jurídica, órganos de control institucional y unidades de abastecimiento de municipios, gobiernos regionales y entidades del Poder Ejecutivo. También a contratistas y árbitros que litigan sobre ampliaciones de plazo, conformidad y liquidación.
Resumen de la ponencia
La clase parte de una constatación práctica: la mayoría de las controversias en ejecución contractual no nacen de un desacuerdo sobre el precio, sino de una discrepancia sobre cuándo vence un plazo. El ponente ordena el problema en cuatro pasos.
1. La regla general: días calendario
El artículo 105.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas establece de manera expresa que, durante la ejecución contractual, los plazos se contabilizan en días calendario. La excepción es puntual: solo cuando el propio Reglamento disponga otra cosa para un trámite específico podrá hablarse de días hábiles. Si nada se dice, la regla es calendario.
2. Dónde está la confusión
El error frecuente consiste en trasladar al contrato la lógica del procedimiento administrativo general. El ponente lo descarta: los proveedores del Estado no tienen la calidad de administrados frente a la entidad contratante, de modo que las normas sustantivas que rigen la relación contractual no son las del procedimiento administrativo general.
3. El orden de prelación normativa
Antes de aplicar una regla supletoria hay que recorrer la cadena: primero el contrato, luego las bases y términos de referencia y, finalmente, las normas de contratación del Estado. Saltarse ese orden es lo que ha llevado a anular laudos: el tribunal arbitral que no observa la prelación prevista en la ley de contrataciones incurre en una causal de anulación.
4. La consecuencia práctica
Cuando la entidad no observa el plazo en la forma debida, el efecto no es neutro. En el caso de la liquidación, la omisión produce que esta se tenga por consentida o aprobada, con lo que la entidad pierde la oportunidad de observar el cierre económico del contrato.
El caso que se analizó en la clase
La exposición cierra con un caso real de liquidación de obra resuelto en arbitraje (Caso Arbitral N.° 033-2025-TA-CCIA). El contratista presentó su liquidación por mesa de partes virtual el 4 de diciembre de 2024. La entidad sostuvo que el plazo debía empezar a correr el primer día hábil siguiente —por ser día no laborable, fin de semana y feriado—, de modo que sus observaciones de febrero eran oportunas. El Tribunal no lo aceptó: la ley especial prevalece sobre las reglas del procedimiento administrativo general, y en ejecución contractual el cómputo corre en días calendario desde la presentación, sin desplazamiento al día hábil siguiente. El plazo venció antes de lo que la entidad calculó y la liquidación quedó consentida.
Las tres anclas normativas de la clase
- Ley N.° 32069, Primera Disposición Complementaria Final: la ley de contrataciones prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general y sobre las de derecho privado que resulten aplicables.
- Artículo 105.3 del Reglamento: durante la ejecución contractual los plazos se contabilizan en días calendario, salvo que el propio Reglamento disponga otra cosa; de forma supletoria rigen los artículos 183 y 184 del Código Civil.
- Liquidación (arts. 209.2 y 209.4 del Reglamento anterior, y su equivalente en el vigente): la entidad tiene 60 días para pronunciarse y el contratista 15 para responder; si no se observa en plazo, la liquidación queda consentida o aprobada.
Material de la clase
El contenido completo de las doce láminas de la exposición, con las citas normativas y el detalle del caso, está disponible en un solo documento.
Descargar el material de la clase (PDF)
Ley N.° 32069 y su Reglamento · Caso Arbitral N.° 033-2025-TA-CCIA
Frases destacadas
«Durante la ejecución contractual los plazos se contabilizan en días calendarios».
«Los proveedores del Estado no tienen la calidad de administrados ante la entidad contratante, por lo que las normas sustantivas aplicables a la relación contractual no son las normas del procedimiento administrativo general».
«Esta omisión como consecuencia normativa producía que la liquidación se considerase consentida o aprobada».
Preguntas frecuentes
¿Quién dictó la clase?
El Dr. Juan Antonio Chenguayen Rospigliosi, abogado y contador público colegiado, magíster en Administración y Dirección de Empresas, árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros y gerente público incorporado al cuerpo de gerentes públicos del Perú.
¿Cuánto dura y cómo se ve?
Sesenta minutos. El video está disponible en esta misma nota y en el canal de YouTube de Gestores Públicos Perú (@gestorespublicosperu), dentro de la lista Clases Magistrales.
¿Sobre qué norma se trabaja?
Sobre la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, con atención al artículo 105.3 y a las reglas de prelación normativa aplicables en la ejecución del contrato.
¿Sirve para gobiernos locales?
Sí. Los supuestos trabajados se refieren a contratos de obra, bienes y servicios que ejecutan municipios y gobiernos regionales, y a las consecuencias de no observar los plazos en la conformidad y la liquidación.
Sobre el ponente
Abogado y contador público colegiado, magíster en Administración y Dirección de Empresas. Árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros y conciliador extrajudicial registrado; gerente público incorporado al cuerpo de gerentes públicos del Perú. Especialista en derecho administrativo, contrataciones del Estado, arbitraje y gerencia pública descentralizada, con más de veinte años de experiencia en organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales.
— Equipo de Gestores Públicos Perú