El Decreto Legislativo N.° 1742, publicado el 8 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano, habilita la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia.
¿Qué pasó?
El Poder Ejecutivo utilizó la delegación de facultades de la Ley 32743 para cerrar un vacío normativo: el Decreto Legislativo 1095 regula el empleo de la fuerza por las Fuerzas Armadas y el Decreto Legislativo 1186 el de la Policía Nacional, pero ningún marco habilitaba expresamente la vigilancia militar del perímetro penitenciario.
La norma se dicta en un contexto de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario (Decreto Supremo 014-2024-JUS, prorrogado por el Decreto Supremo 013-2026-JUS) y de emergencia en los penales de alta peligrosidad (Decreto Supremo 128-2026-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo 148-2026-PCM).
Síntesis jurídica: objeto, alcance y efectos
El objeto es regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, en el marco de una declaratoria de estado de emergencia conforme al artículo 137 de la Constitución.
La propia norma separa dos ámbitos que suelen confundirse. La seguridad interna se desarrolla dentro del establecimiento y sigue a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La seguridad externa comprende la vigilancia y protección del perímetro, los torreones, la zona de seguridad perimetral y las zonas de influencia contiguas; allí se suman las Fuerzas Armadas, en coordinación con el INPE y la Policía Nacional.
La participación no es permanente ni general. Opera cuando uno o más establecimientos son declarados en estado de emergencia, o cuando la declaratoria comprende una zona geográfica donde se ubica un penal y las acciones guardan vinculación con las circunstancias que la motivaron. Fuera de ese supuesto, la norma no habilita intervención militar.
¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas?
El artículo 5 detalla las acciones de seguridad externa. En síntesis, pueden:
- Establecer anillos de seguridad y dispositivos de protección en el perímetro exterior y sus zonas de influencia.
- Patrullar y vigilar las zonas de influencia para mantener presencia preventiva e identificar amenazas.
- Operar torreones y puestos de observación del perímetro exterior.
- Vigilar vías de acceso, rutas de aproximación y puntos críticos externos.
- Instalar puestos de control y revisión previa al ingreso de personas y bienes.
- Detectar, interceptar o neutralizar aeronaves no tripuladas y otros dispositivos aéreos no autorizados.
- Instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas, con las condiciones técnicas que fija la norma.
- Apoyar la detección y desmontaje de antenas y equipos de telecomunicaciones no autorizados, con la Policía y el MTC.
- Brindar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones a la vigilancia penitenciaria externa.
- Apoyar el control y registro de visitas, proveedores y personal penitenciario.
- Prestar apoyo de transporte aéreo y terrestre, incluido el traslado de internos.
- Apoyar a la Policía en el control preventivo de identidad y en la intervención de personas y vehículos.
- Ejecutar acciones militares frente a ataques desde el exterior, intentos de rescate o fugas.
Plazos y obligaciones que importan
La declaratoria de emergencia delimita el ámbito geográfico y las facultades. Sobre esa base, la Primera Disposición Complementaria Final fija un plazo concreto: dentro de los cinco días calendario siguientes a la declaratoria, el INPE, en coordinación con la Policía, las Fuerzas Armadas y las demás entidades competentes, debe delimitar las zonas de influencia penitenciaria. Esa delimitación es operativa y no puede modificar ni ampliar el ámbito autorizado.
El financiamiento corre por cuenta del presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La norma dispone además su publicación el mismo día en la Plataforma Digital Única del Estado y en las sedes digitales de la PCM, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el INPE.
La Disposición Complementaria Modificatoria ajusta la Ley 30740, que regula las aeronaves pilotadas a distancia: no se autoriza sobrevolar establecimientos penitenciarios ni sus zonas restringidas y de alta seguridad, salvo autorización excepcional de la autoridad competente.
Límites y controles
- El empleo y uso de la fuerza se sujeta al Decreto Legislativo 1095 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE.
- La norma no otorga facultades extraordinarias de control del orden interno más allá de lo que dispone la declaratoria de emergencia.
- Las acciones deben guardar relación directa con las causas que motivaron la emergencia.
- Los inhibidores de señales requieren coordinación técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y deben evitar interferencias perjudiciales en las zonas exteriores.
- La seguridad interna permanece en el INPE; la intervención militar es externa y coordinada.
¿Por qué es relevante para gobiernos locales y regionales?
Los establecimientos penitenciarios están en jurisdicción distrital y provincial, y su zona de influencia puede incluir vías, accesos y áreas urbanas que administra el gobierno local. La delimitación de esa zona tiene efectos directos sobre el tránsito, el serenazgo, la fiscalización y la gestión del riesgo.
Para los gobiernos regionales, la norma se cruza con las competencias de seguridad ciudadana y con la coordinación de los comités regionales. También importa a las entidades que prestan servicios de salud y educación en establecimientos penitenciarios, porque la intervención militar se limita al perímetro externo.
Un punto práctico: al no haber recursos adicionales al Tesoro Público, cada pliego asume el costo de lo que le corresponda. Ninguna municipalidad o gobierno regional debe comprometer gasto suponiendo una transferencia que la norma no contempla.
Acciones recomendadas
- Verificar si el establecimiento penitenciario de su jurisdicción está comprendido en una declaratoria de emergencia vigente.
- Revisar, a los cinco días de la declaratoria, la delimitación de la zona de influencia penitenciaria aprobada por el INPE.
- Actualizar los protocolos de coordinación con el INPE, la Policía y las Fuerzas Armadas en materia de accesos, tránsito y emergencias.
- Abstenerse de comprometer recursos sin disponibilidad presupuestal, dado que el financiamiento no proviene de una transferencia.
- Informar a las áreas de fiscalización y serenazgo sobre los límites de la intervención: la seguridad interna sigue siendo competencia del INPE.
Preguntas frecuentes
¿Qué permite el Decreto Legislativo 1742?
Permite que las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad externa en establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia, en coordinación con el INPE y la Policía Nacional.
¿Las Fuerzas Armadas asumen la seguridad interna de los penales?
No. La seguridad interna sigue a cargo del INPE. La intervención militar se limita al perímetro exterior, torreones, zonas de influencia y accesos.
¿Cuánto plazo hay para delimitar la zona de influencia penitenciaria?
Cinco días calendario desde la declaratoria de emergencia. La delimitación la realiza el INPE en coordinación con la Policía, las Fuerzas Armadas y las demás entidades competentes.
¿La norma crea recursos adicionales para las entidades?
No. El financiamiento se cubre con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.