El Decreto Supremo 009-2026-IN, publicado el 10 de noviembre de 2026, adecúa el Reglamento de la Ley 29701 a los cambios introducidos por la Ley 32487. La norma aterriza en reglas concretas lo que los gobiernos locales pueden hacer con las juntas vecinales de seguridad ciudadana: asignarles bienes, darles beneficios y sumarlas a las audiencias y a los planes de seguridad.
¿Qué pasó?
La Ley 32487 modificó la Ley 29701 para identificar y apoyar a las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Creó un Registro Nacional, habilitó la asignación temporal de bienes por parte de la Policía y de los gobiernos regionales y locales, y abrió la puerta a beneficios tributarios y educativos. Faltaba el reglamento que hiciera operativas esas medidas.
El DS 009-2026-IN cumple ese encargo: modifica el artículo 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 002-2013-IN e incorpora los artículos 11 al 15, además de disposiciones complementarias.
Registro Nacional de Juntas Vecinales
El registro queda a cargo de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Policía Comunitaria. Identifica a las juntas, a sus integrantes y a sus representantes, con perfiles de acceso diferenciados y bajo la Ley de Protección de Datos Personales. La información se carga desde las oficinas de policía comunitaria de cada comisaría.
Asignación temporal de bienes: qué pueden hacer los municipios
La Policía, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden asignar temporalmente bienes afines a la seguridad ciudadana, según su competencia y su disponibilidad presupuestal. La asignación se coordina con la unidad policial correspondiente y se registra en los sistemas del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Los bienes se clasifican en tres categorías, con tratamiento distinto:
- Bienes recuperables: valor significativo y vida útil prolongada; al terminar el periodo deben devolverse y pueden reasignarse.
- Bienes de desgaste natural: se deterioran por el uso ordinario y, por regla, no se exige devolución, salvo que tengan los colores distintivos de la Policía.
- Bienes de instalación o uso comunitario permanente: alarmas, cámaras fijas, sirenas comunitarias y similares; permanecen instalados y se reasignan funcionalmente a la nueva junta.
Un punto que conviene mirar con presupuesto: la entidad que asigna los bienes asume los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, y de reposición, conforme a la categoría del bien. No es una entrega gratuita sin consecuencias presupuestales.
Participación en audiencias y planes de seguridad
Los representantes acreditados por la Policía pueden participar en las audiencias públicas de los gobiernos regionales y locales para trasladar necesidades y propuestas en materia de seguridad ciudadana. También pueden intervenir en la formulación de los planes de acción de seguridad ciudadana y en los espacios de participación que prevé la Ley 27933.
La norma recuerda que los beneficios no desplazan a las Juntas Vecinales Comunales reguladas por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Las autoridades municipales y regionales pueden hacer extensivos estos beneficios a esas juntas comunales, en coordinación con las autoridades competentes.
Beneficios tributarios y educativos
- Los gobiernos regionales y locales pueden brindar beneficios tributarios y no tributarios a los miembros debidamente inscritos en el Registro Nacional.
- Los miembros y sus hijos pueden acceder a puntaje adicional en los concursos de PRONABEC, cuando las bases lo determinen; el valor del puntaje lo fija la entidad.
- La Policía, los gobiernos regionales y los locales deben aprobar el procedimiento de supervisión del uso correcto de los bienes asignados.
¿Por qué importa a las municipalidades?
Porque convierte una habilitación legal en un circuito administrativo concreto: inscribir a la junta, asignar bienes con acto administrativo, registrar el bien en el sistema de abastecimiento, prever su mantenimiento y reposición, y supervisar su uso. Y porque abre la puerta a ordenanzas de beneficios tributarios y no tributarios para los vecinos que participan.
También ordena la relación con la comisaría del distrito: la asignación y la supervisión se hacen en coordinación con la unidad policial, no por decisión aislada del municipio.
Acciones recomendadas
- Verificar qué juntas vecinales del distrito están inscritas en el Registro Nacional y quiénes son sus representantes acreditados.
- Revisar la disponibilidad presupuestal antes de comprometer bienes, porque el mantenimiento y la reposición corren por cuenta de la entidad que asigna.
- Formalizar la asignación con acto administrativo y registrarla en el Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Aprobar o adecuar el procedimiento de supervisión del uso de los bienes, en coordinación con la unidad policial.
- Evaluar una ordenanza de beneficios tributarios y no tributarios para los miembros inscritos, con cargo a la normativa municipal aplicable.
- Incorporar a los representantes acreditados en las audiencias y en la formulación del plan de acción de seguridad ciudadana.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambia el DS 009-2026-IN?
Adecúa el Reglamento de la Ley 29701 a la Ley 32487: crea el desarrollo reglamentario del Registro Nacional de Juntas Vecinales y regula la asignación de bienes, la participación y los beneficios.
¿Quién está a cargo del Registro Nacional?
La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Policía Comunitaria, con perfiles de acceso diferenciados y sujeción a la Ley de Protección de Datos Personales.
¿Los municipios están obligados a entregar bienes?
No. Están facultados a asignarlos temporalmente según su competencia y disponibilidad presupuestal. Si los asignan, asumen su mantenimiento y reposición según la categoría del bien.
¿Los beneficios alcanzan a las juntas vecinales comunales?
La norma precisa que no desplaza a las Juntas Vecinales Comunales de la Ley 27972, y permite que las autoridades municipales y regionales les hagan extensivos los beneficios.