El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) declaró fundado el recurso de un ciudadano contra la Municipalidad Distrital de Laredo, que no respondió a su pedido de información, y ordenó entregarle la hoja de vida, el documento de designación, el contrato y las boletas de pago del jefe de la Unidad de Imagen Institucional, tachando los datos íntimos. La resolución deja un criterio que sirve a cualquier entidad: la información del personal es pública sin importar el régimen laboral, y el silencio administrativo no protege a la entidad, la expone.
Resolución N.° 000323-2026-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA
Tribunal de Transparencia · 13 páginas · MINJUSDH
El caso: cinco documentos y ninguna respuesta
El 8 de agosto de 2025 un ciudadano presentó ante la Municipalidad Distrital de Laredo, mediante el Expediente N.° 10081-2025-MDL, una solicitud de acceso a la información pública. Pidió cinco cosas concretas sobre el jefe de la Unidad de Imagen Institucional: su hoja de vida, el documento de su designación, el informe del área de Recursos Humanos que acredita que cumple los requisitos del cargo, copia del contrato de trabajo y los comprobantes de pago de junio y julio de 2025.
La entidad no contestó. Ante esa omisión, el solicitante consideró denegado su pedido por silencio administrativo negativo y apeló el 20 de octubre de 2025. El recurso fue admitido por la Resolución N.° 004326-2025-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA y se requirió a la municipalidad el expediente administrativo y sus descargos. Tampoco los presentó, ni siquiera con el término de la distancia.
Con ese antecedente, la Resolución N.° 000323-2026-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA, del 29 de enero de 2026, declaró fundado el recurso y ordenó la entrega de lo solicitado, con tachado de la información confidencial, en la forma y el medio requeridos. Además, exigió a la comuna acreditar el cumplimiento en un plazo máximo de siete (7) días hábiles y declaró agotada la vía administrativa.
Por qué la información del personal se presume pública
El razonamiento del Tribunal parte de una regla simple y exigente: toda información que posee el Estado es pública, salvo las excepciones legales, y esas excepciones se interpretan de manera restrictiva porque limitan un derecho fundamental. La carga de justificar la reserva no la tiene el ciudadano: la tiene la entidad. Si no motiva ni acredita por qué un documento debe mantenerse en reserva, la presunción de publicidad se mantiene intacta.
En el caso de los gobiernos locales hay un refuerzo adicional. El último párrafo del artículo 118 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce el derecho del vecino a ser informado sobre la gestión municipal y a solicitar la información que considere necesaria, sin expresión de causa, bajo responsabilidad de la entidad.
La resolución también recuerda el mandato de publicidad activa: el artículo 25 de la Ley N.° 27806 obliga a publicar trimestralmente la información del personal —activo y pasivo, nombrado o contratado por más de tres meses, cualquiera sea el régimen laboral— con el rango salarial por categoría y el total del gasto remunerativo. El artículo 45 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2024-JUS, añade el detalle de todas las contrataciones y de los montos percibidos por las personas al servicio del Estado, identificándolas con independencia del régimen jurídico que las regule.
De ahí la conclusión que interesa a cualquier área de Recursos Humanos o de Transparencia: si un dato debe estar publicado de oficio en el Portal de Transparencia Estándar, no puede negarse cuando alguien lo pide por mesa de partes.
| Documento solicitado | ¿Se entrega? | Condición |
|---|---|---|
| Hoja de vida del jefe de la unidad | Sí | Tachando datos de contacto y de intimidad personal o familiar |
| Documento de designación | Sí | Íntegro |
| Informe de Recursos Humanos sobre requisitos del cargo | Sí | Íntegro |
| Contrato de trabajo | Sí | Íntegro: régimen, plazo y condiciones |
| Comprobantes de pago de junio y julio de 2025 | Sí, parcial | Montos públicos; descuentos, aportes, préstamos y deudas tachados |
Boletas de pago: el monto es público, los descuentos no
El punto más delicado es el de las boletas. El Tribunal no las declara reservadas en bloque ni las entrega completas: distingue. Recoge el precedente vinculante del Expediente N.° 03285-2023-JUS/TTAIP, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de octubre de 2023, según el cual las boletas de pago de servidores y funcionarios públicos tienen naturaleza pública, con excepción de la información relativa a los descuentos, cuya divulgación invade la intimidad personal y familiar.
La misma línea sigue la jurisprudencia constitucional que cita la resolución: el acceso a la relación de sueldos, dietas y viáticos de autoridades y personal —incluido el contratado por servicios no personales— es público (Expediente N.° 03864-2010-PHD/TC), mientras que las deudas contraídas, aportes, descuentos, préstamos, cargos cobrados y consumos consignados en la planilla pertenecen a la esfera privada (Expediente N.° 05982-2009-PHD/TC).
La consecuencia operativa es el tachado. Cuando un documento mezcla información pública y confidencial, no se niega el documento: se entrega la parte pública y se tapa la privada, conforme al artículo 19 de la Ley de Transparencia. Ese es el estándar que debe aplicar el área que prepara la respuesta, no el de «todo o nada».
Resolución N.° 000323-2026-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA
Resolución del Tribunal de Transparencia · 13 páginas · Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El silencio administrativo negativo no cierra el expediente
No responder no extingue el pedido: lo convierte en denegatoria presunta y traslada el conflicto al Tribunal. En este caso la entidad perdió en dos frentes: no acreditó ninguna causal de excepción y tampoco presentó descargos ante la instancia de apelación. El resultado fue una orden de entrega y un plazo corto para demostrar cumplimiento.
La resolución también recuerda que, conforme a los artículos 54, 55 y 57 del Reglamento de la Ley de Transparencia y a la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, cada entidad determina la responsabilidad en que hubieran incurrido sus funcionarios y servidores por las conductas infractoras en materia de transparencia. El costo de no responder no es solo reputacional: es administrativo, y se evalúa dentro de la propia entidad.
Qué debe verificar una entidad antes de responder un pedido así
- Existencia y posesión: determinar si la información existe, quién la tiene y en qué soporte. Si no existe, debe decirlo expresamente; el silencio no es una respuesta válida.
- Excepción motivada: si se invoca reserva, identificar la causal legal y acreditar el riesgo concreto. La carga de la prueba es de la entidad.
- Entrega parcial: separar o tachar la información confidencial y entregar el resto, en lugar de negar el documento completo.
- Publicación de oficio: revisar que el Portal de Transparencia Estándar ya tenga contrataciones y montos percibidos por todo el personal, sin importar el régimen.
- Forma y medio: responder por el canal solicitado y dentro del plazo legal; el pedido no requiere expresión de causa ni justificación del solicitante.
- Trazabilidad: conservar el expediente de la solicitud y la respuesta, porque es la prueba que se evaluará si el caso llega al Tribunal.
Preguntas frecuentes
¿La hoja de vida de un servidor municipal es pública?
Sí. El TTAIP la considera información de naturaleza pública porque los grados académicos, la experiencia y los méritos explican la idoneidad para el cargo. Solo se tachan los datos de contacto y aquella información que afecte la intimidad personal o familiar.
¿Se pueden entregar las boletas de pago completas?
No. El precedente vinculante del Expediente N.° 03285-2023-JUS/TTAIP establece que las boletas son públicas en cuanto al monto percibido, pero los descuentos, aportes, préstamos y deudas deben tacharse por pertenecer a la esfera privada del trabajador.
¿Qué ocurre si la entidad no responde la solicitud?
Se configura el silencio administrativo negativo: el solicitante puede apelar ante el TTAIP, que revisa el caso y puede ordenar la entrega. La entidad además arriesga que se le determine responsabilidad administrativa a sus funcionarios y servidores.
¿Importa el régimen laboral del trabajador?
No. La obligación de publicidad alcanza al personal nombrado, contratado bajo el régimen CAS, por servicios no personales o bajo cualquier otra modalidad, sin importar la denominación del cargo ni la partida presupuestaria que lo financie.
¿Cuánto plazo tiene la entidad para acreditar el cumplimiento?
En este caso el Tribunal fijó siete (7) días hábiles para que la municipalidad acredite la entrega. Es un plazo del caso concreto, pero marca el estándar de urgencia con que se tratan estas órdenes.
Descargar la resolución completa
Resolución N.° 000323-2026-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA
Documento oficial · Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
🔗 Ver norma original en gob.pe
Fuente oficial: www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/8811622-000323-2026-jus-ttaip-primera-sala
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Análisis preparado por Gestores Públicos Perú con base en la Resolución N.° 000323-2026-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA, publicada en el portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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