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DS 018-2026-JUS: MINJUSDH entra en reorganización por 120 días

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Fachada del edificio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Lima, con ciudadanos ingresando por el acceso principal

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) está en reorganización desde el 16 de noviembre de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2027. El Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el domingo 15 de noviembre de 2026, declara en reorganización esa entidad por 120 días calendario con el fin de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las medidas de reforma que correspondan. La declaratoria alcanza solo al ministerio: no comprende la organización interna de los organismos públicos adscritos al sector, como el INPE o la SUNARP, que mantienen sus propias normas de creación y organización.

Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS

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Texto completo · 2 páginas · El Peruano, 15 de noviembre de 2026

🔗 Ver norma original en gob.pe

¿A quiénes aplica esta norma?

  • Despacho Ministerial y despachos viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, junto con la Secretaría General: reciben el informe técnico y dan conformidad previa a las recomendaciones según su ámbito de competencia.
  • Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPM): conduce el diagnóstico, formula las medidas de reforma y lo presenta al Despacho Ministerial dentro del plazo.
  • Unidades de organización, consejos y programas del MINJUSDH: deben entregar información, asistencia técnica y respuesta oportuna a los requerimientos de la OGPM.
  • Organismos públicos adscritos al Sector Justicia y Derechos Humanos: colaboran con información y asistencia técnica, aunque su organización interna no forma parte de la reorganización.
  • Servidores del ministerio: sus funciones, procesos y unidades podrían variar si el informe técnico recomienda ajustes a la estructura orgánica o al ROF.
  • Entidades y operadores que interactúan con el ministerio en defensa jurídica del Estado, acceso a la justicia, derechos humanos y política penitenciaria: son los destinatarios finales de las medidas que se adopten.

¿Qué dispone el decreto supremo?

El artículo 1 declara en reorganización el MINJUSDH por 120 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación, con un objeto preciso: evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio y proponer las acciones y medidas de reforma orientadas a optimizar procesos, fortalecer capacidades institucionales y mejorar el ejercicio de las funciones de rectoría, conducción y supervisión sobre sus organismos adscritos.

El párrafo 1.2 fija un límite expreso: la declaratoria comprende únicamente al ministerio como entidad y no se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos, que se rigen por sus respectivas normas de creación y de organización. El diagnóstico, sin embargo, sí evalúa cómo ejerce el ministerio sus funciones de rectoría sobre ellos.

El artículo 2 encarga el trabajo a la OGPM. El diagnóstico debe incluir la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional y se formaliza en un informe técnico que se presenta al Despacho Ministerial dentro del plazo del artículo 1, con conformidad previa de los despachos viceministeriales y de la Secretaría General, según corresponda al ámbito de cada recomendación.

El plazo: 120 días que vencen el 15 de marzo de 2027

El cómputo es en días calendario y empieza el 16 de noviembre de 2026, día siguiente a la publicación en El Peruano. El día 120 vence el 15 de marzo de 2027. En ese lapso deben quedar listos el diagnóstico y las recomendaciones de reforma; el decreto no prevé una prórroga expresa del plazo ni condiciona la continuidad de la reorganización a la aprobación previa de un plan adicional.

Conviene precisar que el plazo corre para el diagnóstico, no para ejecutar todas las reformas: el artículo 3 dispone que las recomendaciones del informe aprobado se implementan según corresponda, en el marco de las competencias del ministerio y con sujeción a los requisitos, procedimientos e instrumentos de la normativa aplicable.

Qué evalúa el diagnóstico

El artículo 2 enumera las materias que debe cubrir el informe técnico. La lista marca dónde se esperan los hallazgos y, por tanto, dónde pueden aparecer cambios para las áreas del ministerio:

  • Posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de competencias entre órganos y programas.
  • Planeamiento estratégico e institucional y coherencia con las políticas nacionales del sector.
  • Presupuesto e inversión pública del pliego.
  • Gestión por procesos y integridad pública.
  • Mecanismos de articulación interna y de coordinación interinstitucional.
  • Ejercicio de las funciones de rectoría, conducción y supervisión sobre los organismos adscritos.

Qué no alcanza la reorganización

Cuatro límites del decreto importan para la gestión diaria:

  • No incluye a los organismos adscritos. El INPE, la SUNARP y los demás organismos del sector conservan su organización interna; su participación en el diagnóstico no implica que hayan sido incluidos en la reorganización.
  • No cambia por sí solo la estructura orgánica ni el ROF. Las medidas que impliquen modificar la estructura orgánica o el Reglamento de Organización y Funciones se tramitan conforme a las normas de la materia, es decir, con su propio procedimiento.
  • No demanda recursos adicionales al Tesoro Público. El artículo 4 dispone que la reorganización se financia con cargo al presupuesto institucional del ministerio.
  • No requiere Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante. El considerando del decreto recuerda que el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1565, aprobado por Decreto Supremo N.° 023-2025-PCM, excluye del AIR Ex Ante a las disposiciones en materia de organización, reorganización, fusión de entidades o mecanismos de reforma del Estado.

Qué deben hacer las áreas del ministerio y los adscritos

La disposición complementaria final única fija una obligación operativa: las unidades de organización, consejos y programas del MINJUSDH, así como los organismos públicos adscritos al sector, deben brindar información, asistencia técnica y respuesta oportuna a los requerimientos de la OGPM para realizar el diagnóstico. La misma disposición aclara que esa colaboración no equivale a inclusión en el proceso de reorganización.

En la práctica, el decreto crea una ventanilla interna de reforma: todo lo que la OGPM solicite en el marco del diagnóstico tiene respaldo normativo y plazos de respuesta exigibles por vía jerárquica.

Qué efecto práctico tiene para entidades y ciudadanos

Para las entidades que tramitan asuntos ante el ministerio —defensa jurídica del Estado, acceso a la justicia, derechos humanos, política penitenciaria— la reorganización abre un periodo en el que pueden cambiar contrapartes, procesos y tiempos de atención, y en el que las recomendaciones del informe técnico pueden reasignar competencias entre órganos del propio ministerio.

Para los servidores del MINJUSDH, la etapa de diagnóstico no modifica por sí misma derechos, funciones ni condiciones de trabajo: los cambios de estructura requieren el trámite normativo correspondiente. Para los organismos adscritos, la obligación inmediata es colaborar con información, sin alterar su organización interna.

Preguntas frecuentes

¿El INPE y la SUNARP también están en reorganización?

No. El párrafo 1.2 del artículo 1 precisa que la declaratoria comprende únicamente al MINJUSDH y no se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos, que se rigen por sus propias normas de creación y organización. Esos organismos solo deben brindar información y asistencia técnica para el diagnóstico.

¿Desde cuándo corre el plazo y cuándo vence?

El plazo de 120 días calendario se cuenta desde el 16 de noviembre de 2026, día siguiente a la publicación en El Peruano. Vence el 15 de marzo de 2027.

¿La norma permite despedir personal o cerrar oficinas?

No de manera directa. El decreto ordena un diagnóstico y la formulación de medidas de reforma. Cualquier medida que implique modificar la estructura orgánica o el Reglamento de Organización y Funciones debe tramitarse conforme a las normas de la materia, y el financiamiento corre por cuenta del presupuesto institucional, sin recursos adicionales.

¿Quién conduce el diagnóstico y quién lo aprueba?

Lo conduce la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPM) del ministerio. El informe técnico se presenta al Despacho Ministerial dentro del plazo, con conformidad previa de los despachos viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y de la Secretaría General, según el ámbito de cada recomendación.

¿El ministerio recibirá más presupuesto para la reorganización?

No. El artículo 4 establece que lo dispuesto en el decreto se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del MINJUSDH y no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

Fuente y documento

Fuente: Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS, que declara en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2026 y refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/8827885-018-2026-jus

🔗 Ver norma original en gob.pe

Descargar el decreto supremo

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DS N.° 018-2026-JUS · 2 páginas · texto publicado en El Peruano el 15 de noviembre de 2026

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Análisis elaborado a partir del texto oficial del Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2026.

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