Sí. Desde el 1 de enero de 2027, la base imponible del Impuesto Predial de una persona con discapacidad severa se reduce en 50 UIT, siempre que acredite certificado de discapacidad severa, sea propietaria de un solo predio destinado a vivienda y sus ingresos brutos no superen una UIT mensual. Lo establece el Decreto Supremo N.° 226-2026-EF, que reglamenta la Ley N.° 32701 y fija cómo deben aplicarlo las municipalidades.
Norma verificada por Gestores Públicos Perú
Fuente: Decreto Supremo N.° 226-2026-EF (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026) · www.elperuano.pe
¿A quiénes aplica esta norma?
- Municipalidades provinciales y distritales: gerencias de administración tributaria, áreas de rentas, caja, catastro, atención al contribuyente y las oficinas de sistemas que calculan la deuda predial.
- Personas con discapacidad severa propietarias de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, y sus representantes o apoyos designados.
- Oficinas de atención a la persona con discapacidad (OMAPED) y áreas de inclusión o desarrollo social, que reciben las consultas del beneficiario antes de que llegue a rentas.
- Asesoría jurídica y planeamiento, que deben verificar el procedimiento y el formulario antes del inicio de la campaña de cobranza 2027.
Importa porque el beneficio no se activa solo: si la municipalidad no adecúa su formulario y su sistema de cálculo, la deducción no llega al recibo del contribuyente aunque la ley ya lo ampare.
Qué cambió con la Ley N.° 32701
La Ley N.° 32701 modificó el cuarto párrafo del artículo 19 del Decreto Legislativo N.° 776, Ley de Tributación Municipal, y amplió el alcance de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial a favor de la persona con discapacidad severa propietaria de un solo predio, inscrito a nombre propio o de la sociedad conyugal, destinado a vivienda de los mismos y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT. La misma ley encargó al Ministerio de Economía y Finanzas adecuar el Reglamento de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
El Decreto Supremo N.° 226-2026-EF cumple ese encargo y hace tres cosas concretas: precisa cómo se acredita la condición de beneficiario, resuelve los casos que generaban duda en ventanilla y aprueba un modelo de declaración jurada que las administraciones tributarias municipales pueden usar. Además, incorpora el artículo 66-B al Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2014-MIMP, de modo que la regla queda dentro del bloque normativo de la discapacidad y no solo en el tributario.
Los cuatro requisitos que debe verificar la municipalidad
El artículo 3 del decreto concentra la evaluación previa en cuatro condiciones. No hay una quinta ni la entidad puede añadir otras por vía de formulario o de práctica administrativa.
- Certificado de Discapacidad con nivel de gravedad «discapacidad severa». Debe haber sido emitido por establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales, de EsSalud, de las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, de los gobiernos locales, del Instituto Nacional Penitenciario o por establecimientos privados autorizados, conforme a la normativa sanitaria vigente. Un certificado que acredite discapacidad, pero no califique la severidad, no habilita la deducción.
- Un solo predio. El requisito de propiedad única se cumple incluso cuando, además de la vivienda, la persona posee otra unidad inmobiliaria constituida por una cochera. La norma cierra así una discusión frecuente en catastro: la cochera no rompe el beneficio.
- Predio destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales o profesionales, aprobado por la municipalidad respectiva, no afecta la deducción. Es el caso del predio que además alberga una bodega o un taller con licencia municipal.
- Ingresos brutos que no superen una UIT mensual. El límite se mide sobre los ingresos de la persona con discapacidad severa o de la sociedad conyugal, según el texto del artículo 3.
Los puntos que la norma aclara y que suelen generar observaciones
Sociedad conyugal. El predio puede estar inscrito a nombre propio o de la sociedad conyugal; el beneficio no exige que la propiedad figure solo a nombre de la persona con discapacidad.
Qué UIT se aplica. El artículo 2 precisa que se toma la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. Por eso la deducción y el límite de ingresos deben recalcularse cada año y no pueden quedar fijados en el monto del año anterior.
Declaración jurada y fiscalización. El artículo 4 es explícito: presentar la declaración jurada no restringe la facultad de fiscalización de la administración tributaria prevista en el artículo 62 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. La municipalidad no puede condicionar el beneficio a una verificación previa imposible, pero tampoco pierde la potestad de revisar después.
Modelo de declaración jurada. El anexo del decreto contiene el formato, con casillas para el tipo de certificado, la condición de propietario único, el destino de vivienda, la cochera, el uso parcial con licencia y el origen de los ingresos. Es un modelo que las municipalidades podrán emplear: pueden adoptarlo tal cual o adecuarlo, pero no pueden introducir requisitos que el decreto no contempla.
La regla de oro
La deducción de 50 UIT reduce la base imponible, no exonera el predio. El inmueble sigue siendo gravable por el valor que exceda ese tramo, y la municipalidad sigue aplicando la tasa y las reglas del Impuesto Predial sobre el resultado. Confundir deducción con inafectación lleva a condonar deuda que no corresponde condonar y, en el otro extremo, a negar el beneficio a quien sí lo acredita.
La segunda parte de la regla es de procedimiento: como la materia es tributaria y la norma es taxativa, la municipalidad no puede exigir documentos adicionales, certificaciones notariales ni trámites previos que el Decreto Supremo N.° 226-2026-EF no haya previsto. La entidad ordena su procedimiento, pero el catálogo de exigencias ya está cerrado por la norma.
Qué debe hacer la municipalidad antes de enero de 2027
El artículo 5 fija la vigencia el 1 de enero de 2027. Ese plazo obliga a trabajar en el último trimestre de 2026 en cuatro frentes: el formulario, el sistema, el personal y la difusión.
- Formulario y procedimiento. Adoptar el modelo del anexo o adecuarlo, definiendo con claridad cómo se presenta la declaración jurada y qué documento sustenta cada casilla.
- Sistema de cálculo. Verificar que el aplicativo de rentas permita registrar la deducción por ejercicio, con la UIT vigente al 1 de enero, y que emita el recibo con la base reducida.
- Capacitación en ventanilla. Instruir al personal de rentas y de atención al contribuyente sobre los cuatro requisitos, en especial el tratamiento de la cochera y del uso parcial del predio.
- Difusión con enfoque de derechos. Coordinar con la OMAPED y con las organizaciones de personas con discapacidad para que el beneficiario conozca el requisito del certificado antes de acercarse a la municipalidad.
En palabras del artículo 3 del Decreto Supremo N.° 226-2026-EF: «Para efectos de aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de las personas con discapacidad severa, debe cumplirse lo siguiente: a) Contar con un Certificado de Discapacidad que establezca como nivel de gravedad: «discapacidad severa» (…); b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona con discapacidad severa posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera; c) El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario (…); d) Los ingresos brutos de la persona con discapacidad severa, o de la sociedad conyugal, no deben exceder de 1 UIT mensual».
En la práctica
- Revise la UIT del ejercicio antes de calcular. La deducción y el tope de ingresos se expresan en UIT; usar el valor del año anterior distorsiona el resultado y genera reclamos.
- Separe deducción de inafectación en el recibo. Explique en el documento de cobranza que la base se redujo en 50 UIT, para que el contribuyente entienda por qué cambió el monto.
- Documente la verificación del certificado. Deje constancia del emisor y del nivel de gravedad consignado, porque es el punto que la fiscalización posterior revisará primero.
- No convierta la declaración jurada en un trámite previo de aprobación. El decreto permite fiscalizar después; exigir una calificación anticipada equivale a añadir un requisito no previsto.
Preguntas frecuentes
¿La deducción de 50 UIT elimina el pago del Impuesto Predial?
No. Reduce la base imponible en 50 UIT. Si el autovalúo es menor a ese monto, la base quedará en cero y no habrá impuesto; si es mayor, se paga sobre el exceso conforme a la tasa aplicable.
¿La cochera hace perder el beneficio
No. El artículo 3 del Decreto Supremo N.° 226-2026-EF señala expresamente que el requisito de única propiedad se cumple aunque, además de la vivienda, la persona posea una cochera.
¿Sirve un certificado de discapacidad que no diga «severa»
No para este beneficio. La norma exige que el Certificado de Discapacidad consigne como nivel de gravedad «discapacidad severa». Un certificado que acredite la condición sin calificar la severidad no habilita la deducción.
¿Se pierde la deducción si parte del predio se usa como negocio
No, siempre que el uso productivo, comercial o profesional sea parcial y cuente con la aprobación o licencia municipal correspondiente. El predio debe seguir destinado a vivienda del beneficiario.
¿Desde cuándo se aplica
Desde el 1 de enero de 2027, según el artículo 5 del decreto. Hasta esa fecha se mantiene el régimen anterior y las municipalidades deben preparar formularios y sistemas para el nuevo ejercicio.
¿La municipalidad puede pedir documentos adicionales
No. El decreto fija los requisitos y adjunta un modelo de declaración jurada; la entidad puede adoptarlo o adecuarlo, pero no agregar exigencias. La facultad de fiscalización posterior se mantiene intacta.
Norma verificada por Gestores Públicos Perú
Fuente: Decreto Supremo N.° 226-2026-EF (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026) · www.elperuano.pe
Notas relacionadas
- Normas y criterios del Ministerio de Economía y Finanzas
- Gestión municipal: procedimientos, tributos y atención al ciudadano